วีดีโอ

Dependiendo del caso y las circunstancias podría caber silencio administrativo o una acción subjetiva

Es una muy buena pregunta. La prueba en el procedimiento administrativo está a cargo de la autoridad administrativa. Esto hace que si hay alguna prueba pericial corresponde a una unidad de la institución debe hacerla ella. Sin embargo, si se trata de una pericia ajena a la institución considero se puede pedir un perito externo. En todo caso la práctica de esa prueba no corresponde a lo prescrito en el COGEP sino al COA.

@@fernandoortegacardenas Entonces no cabría en indefensión negarle un perito externo, cuando esa prueba puede ser emitida por la propia institución con el departamento correspondiente. Y con respecto al otro punto, la mayoría de doctores en el país en videos y seminarios señalan que debe valorarse bajo los principios del cogep la prueba ya que sería el régimen general, por encima del Coa, y en ese sentido rechazar prueba por inutilidad, inconducencia e impertinencia, en cambio el coa solo señala que se puede rechazar por irrazonable.

No es posible lo que sugieres. Recuerda lo que dice el artículo 151 del COGEP. Una vez que se notifica con la contestación a la demanda el actor puede presentar nueva prueba, que sería anuncia pruebas del expediente administrativo. Si no lo hace en esa fase no puede usar pruebas que no haya anunciado en las 2 fases procesales idóneas

Sería bueno que vea el video sobre prueba nueva y la nueva prueba

Como indica la norma “una vez vencido” el plazo de 30 días para presentar descargos a la predeterminación se empiezan a contar los 60 días plazo para resolver. En otras palabras, 90 días desde la notificación con la predeterminación

Se cuentan desde que fenecen los 30 días que se tiene para presentar descargos a la predeterminación

No cabe revisión, aunque la CGE confunde con su Reglamento y lo concede.

Totalmente ilegal e inmediatamente se debe aplicar el artículo 85 para evitar que la resolución pase en firme

🤝

Ok

Muchas gracias

Por dos razones: una porque los jueces no entienden lo que significa un proceso de puro derecho; y dos porque los abogados litigantes no entienden lo que significa un proceso de puro derecho. Y en los dos casos no saben determinar el objeto de la controversia ni jueces ni abogados

Estimado Doctor, si un proceso administrativo (con ley especial propia) caducó con respecto al término para resolver, cabe emitir providencia de caducidad y volver abrir un auto inicial con todo lo actuado, para poder volver a tener competencia para resolver haciendo concordancia con el coa?

@@josel6178 primero la caducidad solo lo establece la ley. Dicho esto, según los artículos 203 y 213 del COA la caducidad surge por la no resolución dentro del tiempo fijado en la ley. Una vez declarada la caducidad se puede iniciar un nuevo procedimiento, la respuesta es afirmativa.

@@fernandoortegacardenas Muchas gracias estimado Doctor, saludos

Muchas gracias sus comentarios. Saludos

El inicio de las actuaciones previas debe notificarse pues el administrado debe conocer que se le está investigando. Por ello el artículo 179 del COA indica que la caducidad se contará desde la notificación del inicio de las actuaciones previas al interesado. Esto precautela el derecho a la defensa.

Desde mi punto de vista, no hay caducidad del tiempos para resolver un recurso administrativo porque debe aplicarse el silencio negativo e ir a la vía contenciosa administrativa. Salvo que la ley lo diga podría considerarse caducidad del recurso como en el caso del tercer inciso del artículo 71 de la LOCGE

Doctor, excelente ponencia ! En el mismo hilo de ideas de la pregunta que antecede ! Se apela a un acto administrativo de un procedimiento administrativo sancionador (seguido por una municipalidad a un ciudadano por no obtener el permiso de construcción) ! Nunca amplían tiempo para resolver y lo hacen al tercer mes ! Por la naturaleza del procedimiento. ! Caduca ? O cree que cabe su tesis, en relación al silencio administrativo, ya sea negativo o positivo ? De pronto la CNJ se ha pronunciado al respecto ?

También podría darme su punto de vista sobre el artículo 203 y 213 del COA por favor ! Sobre todo del último artículo, el legislador lo redactó de manera capciosa !

@@fernandoortegacardenas Dr. aplicar el silencio negativo a la falta de resolución dentro del término legal de un recurso de apelación sería permitir que la administración simplemente no dé contestación al recurso la pregunta es qué pasa con el derecho a recurrir? La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha señalado dentro del proceso No. 01803-2019-00076 lo que sigue: “Como lo ha reiterado esta Sala Especializada en otros fallos, cuando la Ley fija tiempos para el ejercicio de la potestad, de la competencia o de la facultad pública, ha de entenderse que sus funcionarios o agentes, a quienes éstas les han sido atribuidas por la ley, tienen la habilitación jurídica para obrar de la forma en que el ordenamiento jurídico fija; esto es observando los límites temporales determinados jurídicamente; por manera que, en el caso de que aquellas actuaciones no han sido ejercidas con esa oportunidad, el efecto lógico es el fenecimiento o extinción de esa competencia; a la cual la doctrina la conoce como caducidad de competencia en razón del tiempo o prescripción extintiva de la acción. Caducidades que pueden producirse en distintas fases del procedimiento por efecto de la aplicación del principio de seguridad jurídica y de su garantía de preclusión, por la cual el legislador no permite que el administrado y peor la administración pueda tener a su disposición todo el tiempo para el ejercicio de derechos y competencias, como tampoco le está atribuida competencia alguna para a su arbitrio variar los tiempos fijados en la ley para iniciar procedimientos o decidir sobre aquellos…” (énfasis me pertenece). Es por ello que sostengo que la resolución dictada en un recurso de apelación fuera del término legal es nula por emitirse sin competencia en razón del tiempo.

No hay pronunciamiento de la CNJ que yo conozca. Para mí se debe aplicar silencio negativo

Según el artículo 72 de la LOCGE cuando hay una caducidad, es obligación de la Contraloría o el TDCA declararla. Por tanto, por control de legalidad el TDCA debe declarar la caducidad así la parte procesal no lo alegue

Hay que tener presente que el recurso de revisión es "extraordinario" esto significa que tiene causales tasadas. No es como la apelación que revisa todo el acto administrativo acá es puntual la revisión. Por tanto, no cabe aclaración del recurso y al inadmitir si bien hace un examen de mérito es sobre la causal invocada que es la que puede abrir la puerta a la revisión del recurso y del acto administrativo antecedente.

@@fernandoortegacardenas Si bien es cierto es un recurso de naturaleza extraordinaria que procede únicamente por las causales previstas en la ley, no es menos cierto que se debe observar las reglas generales sobre la impugnación y una de ellas es la subsanación del art. 221 del Coa, en base a ello considero personalmente que si procede la subsanación del recurso.

@@lalokuraorquesta1008 No puede ser, porque la estrictez del recurso exige precisión. En los recursos ordinarios es aplicable lo que menciona no en el caso del recurso de revisión

Creo que hay que diferenciar “práctica de la prueba” y “valoración de prueba”. Lo primero es extraer de la prueba elementos que hagan ver al juez lo que me interesa. La valoración de la prueba corresponde al juez sobre la base de la práctica de prueba. Por ello es importante saber qué prueba se practicará y qué parte de ella se leerá ( cuando es documental). Si hay elementos externos al expediente administrativo también deben practicarse con el mismo principio. Por tanto, al practicar la prueba hay que hacerlo con inteligencia y acorde al objeto de la controversia, lo peor que se puede hacer es leer todo el documento porque más allá de una prueba cansina no permite ver el hecho a ser probado

Tiene que ver un buen abogado administrativista que le ayude a valorar los elementos que menciona y los estudie en detalle para que le guíe por el mejor camino porque su problema tiene muchas aristas incluso penales

Este es el link: www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-875-11.htm

Recordemos que las caducidades son nulidades absolutas que el juez tiene que declarar incluso de oficio. Pero se trata la caducidad del procedimiento administrativo en audiencia preliminar cuando se ha declarado al proceso de puro derecho caso contrario se lo declarará en audiencia de juicio

@@fernandoortegacardenas muy gentil estimado Dr. Ortega. Saludos cordiales

Muchas gracias su comentario

Gracias. Saludos

Lo lógico sería considerar que hay silencio negativo plantear acción subjetiva

En términos generales, la impugnación de un acto administrativo no suspende su ejecución. Por tanto, solo se suspende cuando el administrado solicita la suspensión

Ya no cabe nada más que inicio del procedimiento sancionador conforme se desprende del artículo 178 del COA

Recordemos que las actuaciones previas solo pueden durar 6 meses, porque luego caducan. (Artículo 179 COA)

Cuénteme

Saludos

Efectivamente, la caducidad debe ser declarada por el juez incluso de oficio. El juez, incluso si la parte no lo invocó, debe analizarlo por control de legalidad. Recordemos que la caducidad es una nulidad absoluta y por tanto debe declararse de oficio. Esto no está a discrecionalidad del juez.

@@fernandoortegacardenas saludos Doctor ! Estos videos refuerzan el aprendizaje sobre el Derecho Administrativo! Sería tan amable de emitir su opinión sobre los artículos 203 y 213 del COA por favor, en un futuro video !

El artículo 213 tiene que ver con la caducidad mientras el 203 tiene que ver con el tiempo en que la autoridad administrativa puede emitir la resolución. son artículos complementarios y no antagónicos.

Es claro que el artículo 204 del COA tiene un límite: 2 meses. Por otro lado el 162 es un caso excepcional que de estar probado y documentado en el expediente administrativo. Sin embargo, la caducidad del procedimiento no se suspende por nada incluso los plazos extraordinarios. En consecuencia, si a pesar de esas ampliaciones se supera el plazo de caducidad, esta se configura. De ahí que debe alegarse en proceso judicial administrativo la caducidad

@@fernandoortegacardenas Gracias estimado doctor por compartir sus conocimientos, me quedo muy claro.

De nada

Mil gracias

No es necesario, aunque podrían hacerlo. El no emitir el informe para iniciar es una tácita desestimación

A parte de la desestimación tácita se podría solicitar la caducidad de las actuaciones previas?

@@edisonortiz6234 por supuesto que se podría pedir la caducidad, si el afectado ya fue notificado con las actuaciones previas

El procedimiento sancionador es administrativo y por ello lo sigue la administración en contra del supuesto infractor. El denunciante no es parte en ese proceso. Por tanto no tiene derecho a presentar pruebas. Solo la administración pública puede pedir prueba, o el administrado. El denunciante podría ser llamado por la administración para que rinda su versión, siendo una prueba más. Saludos

Gracias

Gracias. Saludos

Lo uno no tiene que ver con lo otro . Son acciones que tienen fundamentos totalmente diferentes.

Muchas gracias sus palabras. Espero que pueda compartir más comentarios. Puede ver mi página de Facebook: Comentarios de Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Allí colocó ciertos artículos para debatir.

Una muy buena reflexión. Sin embargo, me parece que no hay mucho inconveniente en este sentido. El punto habría que verlo desde el punto de vista de la ejecución del acto administrativo. Es decir, si un funcionario ya fue destituido por la CGE, el segundo acto administrativo de destitución producto de un sumario administrativo no tendría la facultad de ejecutoriedad. No veo cuál sería el inconveniente de tener una doble destitución por dos vías diferentes.

​@@fernandoortegacardenasgracias por la retroalimentacion Doctor, pero recordemos que la CGE puede ejercer durante 7 largos años sus facultades; es decir, podría desarrollar su Examen Especial varios años después del sumario administrativo donde el servidor fue destituido por la Entidad y "volver" a destituirlo vía Resolución Administrativa, teniendo presente que la CGE destituye a los servidores sin verificar que sigan ocupando el cargo en el que fueron observados y ni siquiera verifica que siga siendo servidor público; sin embargo, esa segunda destitucion si genera el efecto de inhabilitad para desempeñar cargo público, más allá de que fuese materialmente imposible de ejecutar porque la persona ya no ocupa el cargo del que ha sido destituido por la CGE. Por lo que en ese caso sí estaríamos ante una "doble" destitucion, al menos en el efecto de inhabilidad para desempeñar cargo público, que sí estaría contraviniendo el principio non bis in idem.

@@adrianandradelara2880 Totalmente de acuerdo, sin embargo son dos destituciones totalmente distintas, con naturaleza y efectos diferentes como bien lo anota. Por ello, insisto no hay problema alguno con las dos destituciones. Por tanto, no se ve afectado el non bis in ídem por ser procedimientos y resultados diferentes

En lo contencioso administrativo, en Ecuador, no cabe apelación de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

@@fernandoortegacardenas muchas gracias por su respuesta, me ayudaria con otras interrogantes, cuantos jueces intervien en una audiencia del contencioso administrativos, y porque motivos se podrian suspender las audiencias, desde ya muy agradecido a sus respuestas

@@jesusquimis6128 La audiencia está a cargo de tres jueces, uno de los cuales dirige la audiencia (ponente). La audiencia solo se puede suspender por fuerza mayor o situaciones especiales como indica el artículo 82 del COGEP.

@@fernandoortegacardenas muchas gracias por su respuesta y ayudarme a entender estas interrogantes👏👏

gracias sus palabras

En cuanto a las competencias exclusivas, no hay inconveniente; pero respecto a las competencias concurrentes hay que aplicar el artículo 27 del COA. En cuanto a cuando se producen conflictos de competencias hay que aplicar el artículo 85 del COA.

No hay ninguna contradicción. El procedimiento administrativo no sanciona delitos sino infracciones administrativas . De ahí que un funcionario puede ser sancionado por infracción administrativa y a la vez un delito penal. El punto es qué se sanciona en cada caso. La jurisprudencia analizada es muy clara en este sentido. Le sugiero revisar la sentencia completa.

Gracias

En el Registro Oficial N.- 100 EE de 14 de diciembre de 2010; Resolución de casación N.- 220-09 de 30 de junio de 2009; Carmelina Herrera Intriago contra IESS. Si lo revisa me gustaría escuchar sus comentarios. 15:11 Saludos 👋

El TDCA toma en cuenta el tipo de acto que se impugna. Si es un acto administrativo de efectos individuales se califica como acción subjetiva. En cambio si lo que se impugna es un acto normativo (reglamento o resoluciones) de efectos generales se califica como acción objetiva o de nulidad. No importa que el demandante califique de una u otra forma, es potestativo del TDCA esta calificación de demanda

Muchas gracias su comentario. Justamente, la idea es que todos (autoridades administrativas, judiciales e incluso los abogados litigantes) hagamos respetar este principio no solo en la imposición de sanciones administrativas sino en la emisión de todo tipo de resoluciones administrativas y judiciales.

Gracias, saludos!

Muchas gracias

Saludos mi estimado amigo

Bueno, respecto a la inquietud. Primero, hay que recordar que el artículo 102 de la LOSNCP, se aplica únicamente cuando el proceso está en marcha, no cuando ya existe acto administrativo de adjudicación. Por tanto, cuando se aplica esta no se puede pensar en declarar desierto el proceso; pues ya existe adjudicatario. Una vez que hay un acto administrativo de adjudicación, este puede ser sujeto de acciones administrativas y judiciales previstas en la ley. Por tanto, parecería que podría aplicarse el artículo 103 de la LOSNCP. La lesividad no veo como pueda aplicar el oferente afectado. La lesividad solo la puede iniciar la entidad pública contratante por un tema de interés público más no por intereses de particulares. Es lo qu puedo indicarle. Saludos

Muchas gracias por su respuesta doctor, me quedó claro. @@fernandoortegacardenas

Gracias

No es así. Los dos meses del artículo 231 del COA, es para que la institución pública emita su resolución. Una vez emitida la resolución de sanción empieza a correr el lapso para que la sanción prescriba, según el artículo 245 del COA. Justamente esa es la diferencia entre caducidad y prescripción. Las infracciones y las sanciones prescriben pero el procedimiento y la facultad sancionadora caducan.