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Jorge Escala, candidato presidencial de Unidad Popular, acudió este 4 de febrero de 2025 a la Fiscalía General del Estado para hacer una solicitud en relación a una denuncia que interpuso el 8 de enero.
En esa fecha, Escala denunció a la vicepresidenta designada mediante el Decreto Ejecutivo 494, Cynthia Gellibert, y al presidente Daniel Noboa. El mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 500 el 7 de enero para encargar la Presidencia a Gellibert.
Escala dijo en esa ocasión que “se comete el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, y usurpación y retención ilegal de mando”. Mencionó que esos delitos son sancionados por el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 287 y 338.
Escala volvió hoy a la Fiscalía con la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en la que declaró inconstitucionales a los decretos 500 y 505 (sobre el encargo de la Presidencia a Gellibert).
“Por lo tanto, se afirma nuestra denuncia de que Gellibert ha usurpado función pública y que Noboa ha cometido el mismo delito. Habiendo ya pruebas más que suficientes, pruebas que dan elementos de convicción, venimos a solicitar a la fiscal general del Estado que, de manera inmediata, pida audiencia ante el juez para la formulación de cargos y se inicie el proceso penal que corresponde tanto a Daniel Noboa y a Cynthia Gellibert, por el delito de usurpación de funciones públicas”, expresó Escala a la prensa.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina en su artículo 287 el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Señala que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
El artículo 338 tipifica el delito de usurpación y retención ilegal de mando. Se establece que la persona que tome el mando político, militar o policial sin estar autorizada para ello o lo retenga excediendo las atribuciones de las cuales goza, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público por seis meses.
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