Respuestas ante la mafia albanesa

El reportaje sobre la presencia de la mafia albanesa en el país, presentado por el portal de noticias La Posta muestra hasta dónde podrían haber llegado los tentáculos del crimen organizado en el Ecuador. Son denuncias graves que necesitan ser respondidas de manera transparente y sin la mediación de intereses políticos.
En el país, las operaciones mafiosas han logrado instalarse como resultado del desmantelamiento de áreas sensibles del Estado (como el anális y control financiero para combatir el lavado de activos, la desaparición del Ministerio de Justicia, la supresión de procedimientos para el reclutamiento del personal policial, militar o fiscal), el aumento del desempleo y la falta de oportunidades (que ha convertido a las estructuras mafiosas en el destino de miles de jóvenes sin trabajo y, por lo tanto, sin futuro), los dramáticos recortes presupuestarios para la educación superior, la reducción de cupos, la situación catastrófica de la formación estudiantil básica y media, el colapso de la salud pública... Este es el caldo de cultivo del crimen organizado.
Pero las denuncias presentadas por La Posta (las cuales, insisto, deben ser respondidas, corroboradas o refutadas técnicamente y con transparencia) apuntan al involucramiento de agentes del ministerio fiscal y de otras instancias estatales:como la contraloría general del Estado) en el fortalecimiento de estas estructuras. Esto es muy grave pues, si son ciertas tales acusaciones, estaremos ante una situación sin precedentes en el país: es,decir, ante la infiltración al más alto nivel del crimen organizado, a vista, paciencia y con el apoyo de las instancias estatales llamadas a combatir ese mismo cáncer.
Hasta ahora, las respuestas han sido de tono político, porque tratan de construir una narrativa que sirva a los intereses electorales de quienes ya se apuntan a estar en la papeleta, por un lado; a un sector de la prensa que insiste de manera tozuda en reducir la problemática nacional a una burda confrontación maniqueísta; y a otros quienes emplean el término “narco” como un prefijo acusatorio, precisamente, para eludir el combate contra ese terrible flagelo.
Las respuestas gubernamentales son, también fútiles, vaciadas de sentido y destindas a eludir su falta de acción. El combate al crimen se usa como propaganda, pero nada más. A esta propaganda se suma otra que trata de explicar la situación del país como resultado de una crisis de valores, que puede ser revertida si la regresan a las aulas los contenidos cívicos. Sabemos que las comunidades nacionales necesitan de un conjunto de elementos históricos y simbólicos que los expliquen y diferencien. Pero ante la corrosión del aparato estatal y la destrucción del tejido social, esta respuesta se queda corta si no se actúa directamente sobre la tumoración cancerosa del crimen organizado, si no se paga la deuda social y si no se depuran las instituciones.